Informe conjunto de Sociedad Civil sobre los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2017.



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Informe conjunto de Sociedad Civil sobre los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2017.

El Estado Mexicano presentó su Informe periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), vigente desde 1981, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de Naciones Unidades, ONU, el 12 y 13 de marzo pasados (2018) en Ginebra, Suiza. De igual manera la sociedad civil organizada mexicana presentó también un Informe Alternativo DESCA sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano.

El Informe Alternativo es producto del esfuerzo colectivo de investigación, documentación, reflexión y discusión de una amplia articulación nacional de organizaciones y redes de la sociedad civil, aborda cerca 14 derechos y las obligaciones del Estado.

Hábitat para la Humanidad México contribuyó en lo referente al Derecho a la Vivienda Adecuada (capitulo N, página 155 a 170), en particular en el tema de Seguridad Jurídica de suelo para vivienda (páginas 163).

Las Recomendaciones que la sociedad civil solicitó al Comité DESC considerar para las Observaciones finales que dé al Estado Mexicano para el cumplimiento de los DESC en lo referente al Derecho a la Vivienda Adecuada son (pág. 169):

  1. El Estado debe incorporar en su marco normativo los mecanismos que propicien la atención y realización de las siete características del derecho humano a la vivienda adecuada que fueran delineadas en la Observación General N° 4 del Comité DESC, así como los indicadores desarrollados por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) como instrumentos de medición y análisis de su actuación en materia de derecho a la vivienda adecuada.

  2. El Estado debe desarrollar una política habitacional dotada de indicadores -que deben evaluarse de forma permanente- que muestren la eficiencia del recurso para llegar a la población objetivo, entre otros temas, que dé solución efectiva a las necesidades habitacionales de la población más vulnerable, la que no puede acceder a un crédito hipotecario y/o en situación de asentamientos irregulares. En este marco, las instituciones de vivienda deberán destinar el máximo de sus recursos a garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada para todas las personas independientemente de su nivel de ingreso.

  3. El Estado debe dotarse de una política que garantice una amplia oferta de suelo para la población de bajos ingresos en lugares céntricos, no periféricos y sin servicios, y bajo esquemas que den seguridad en la tenencia a través de instrumentos adecuados, para la realización del derecho a la vivienda adecuada en armonía con otros derechos humanos.

  4. El Estado debe revertir las medidas regresivas en materia de Producción Social de Vivienda e incluso reforzar este tipo de producción en términos de presupuesto e instrumentos específicos, lo que implica mejorar la participación de los actores que la impulsan en las decisiones relacionadas y los mecanismos para la aplicación del subsidio de los programas habitacionales cuando se apliquen a través de este proceso.

  5. El Estado debe enfrentar de forma eficaz la especulación en los mercados inmobiliario, de la tierra y de la construcción, tomando en cuenta -entre otros factores- la defensa del arraigo vecinal y de los comercios barriales.

  6. El Estado debe armonizar la legislación y la normatividad en los diferentes órdenes de gobierno en materia de regularización y escrituración a favor de las familias que habitan asentamientos irregulares para que estos procesos se den en un tiempo razonable y con costos asequibles.

  7. El Estado debe mejorar los mecanismos de acceso a la información y la calidad de la misma en relación con los procesos de seguridad en la tenencia, asentamientos irregulares y población desalojada.

  8. El Estado, previo diagnóstico participativo de la realidad vivida por las personas desalojadas que están denunciando abuso de la fuerza pública y otras irregularidades, debe dotarse de instrumentos (como son protocolos vinculantes en la línea delProtocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura) a aplicarse por parte de todas las autoridades y los privados para proteger –antes, durante y después de un desalojo– los derechos humanos de las personas que los sufren. En este marco, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura deben seguir formando a los operadores judiciales para que pongan en operación las garantías procedimentales previstas en los instrumentos internacionales sobre el tema.

  9. El Estado debe generar un registro nacional que ofrezca información detallada sobre el número de desalojos forzosos, la manera en que tuvieron lugar y las medidas correctivas, ya sea legislativas o de otra naturaleza, adoptadas tomando en cuenta lo establecido en la Observación General N° 7 del Comité DESC.

  10. El Estado debe dotarse de una legislación que vele por los derechos humanos de los inquilinos que garantice seguridad de tenencia, protección frente a los incrementos excesivos de la renta, entre otros.

Se elaboró también un addendum de actualización de Informe Alternativo DESCA en el cual se incorporó información sobre la situación de los DESC en temas relevantes que tuvieron lugar en ulteriores meses de la integración del Informe Alternativo DESCA como lo fueron los sismos ocurridos en septiembre de 2017, sobre la legislación aprobada en ese periodo, la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) así como el desplazamiento forzado y violento de aproximadamente mil doscientas familias indígenas tzotziles de Chalchihuitán, en la región de Los Altos en el estado de Chiapas.

Descarga el Informe Alternativo DESCA de la sociedad civil a continuación y el Addendum de actualización de Informe Alternativo DESCA.

Addendum al Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México enviado al Comité DESC en agosto de 2017, actualizando temas relevantes hasta febrero de 2018

Informe DESCA final



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