Artículo: MÉXICO: La Dimensión de Género en el Ejercicio Presupuestal Programa de Subsidios  

En México, el 25% de los hogares tienen mujeres como jefas de familia(*).El 29% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia económica por parte de sus parejas (**). Por ello, es muy importante su acceso a la seguridad que representa contar con una vivienda.

Por Mario Alberto Rivera Contreras, Gerente de Educación e Investigación en HPHM, publicado en el Boletín Red “Construyendo Derechos para la Humanidad”.
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Hábitat para la Humanidad ha expresado a través de diversos documentos su compromiso en hacer énfasis en un nuevo empeño para aumentar la concienciación y enfocar la atención en cuán inmoral es permitir que existan viviendas infrahumanas. HPH ha de continuar abogando, es decir, defendiendo la causa  a favor de viviendas adecuadas, de afectar los sistemas que impiden el acceso a la vivienda y para erradicar la pobreza en el mundo. Para poder lograrlo trabajará y buscará nuevas formas con todos los sectores de la sociedad que luchan por proporcionar viviendas adecuadas a todas las personas.

La Defensa de la Causa podemos definirla como la búsqueda de resultados que influyan en las políticas públicas o en la asignación de presupuestos dentro de los sistemas políticos, económicos y sociales e instituciones que afectan directamente a la vida de las personas. La Defensa de la Causa consiste realmente en hablar claro y actuar para convencer a quienes pueden cambiar las cosas de que nuestra causa es urgente e importante.

Nos puede parecer extraño que un tema como la vivienda tenga relación con los derechos humanos. No obstante, siempre hemos valorado importante el tener un lugar seguro donde vivir como parte de nuestra dignidad humana y en general de calidad de vida, por ello, es posible apreciar algunas de las relaciones entre la vivienda y los derechos humanos.

El Derecho a la Vivienda como un concepto debemos verlo de manera integral y dinámica, es a la vez síntesis de derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. La vivienda es un proceso esencial conformado por un conjunto de atributos ligados nuestra forma y  calidad de vida.

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de trabajar con un enfoque del  derecho humano a la vivienda y a la ciudad?

• Reconocer que existe un reto pendiente con millones de personas en la región: mujeres, poblaciones indígenas, afro-descendientes, y otras poblaciones vulnerables, que están excluidas de acceder al derecho a una vivienda adecuada y a las oportunidades que las ciudades ofrecen;
• Trabajar con personas y comunidades para que comprendan: cuáles son sus derechos; como ejercer sus derechos individual y  colectivamente;
• Trabajar con los principios básicos del derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad; y a partir de ellos  “medir” leyes, políticas, prácticas públicas;
• Cambiar los sistemas, legislación,  políticas que discriminan y excluyen del derecho de acceder a la vivienda adecuada;
• Reconocer la producción social del hábitat como la alternativa de auto gestión de la mayoría de la población de la región; que requiere ser apoyada;
•  Exigir la realización de derechos que no se ejercen; actuar en las causas profundas del no acceso a la vivienda;
• Organizarse y movilizarse como individuos y sociedad civil para que con gobiernos y Estados se logre  realizar el derecho a la vivienda adecuada, y el derecho colectivo a la ciudad.

El Derecho a la Vivienda Adecuada

De acuerdo a la Observación General No4 y No7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, órgano principal de la ONU encargado de supervisar la realización del derecho a la vivienda por parte de los Estados, establece como principios básicos de la vivienda adecuada:

• La seguridad jurídica de la tenencia; incluida una protección legal contra el desalojo, y otras amenazas;
• La disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructura necesaria, incluido el acceso al agua potable y  saneamiento;
• El costo accesible, incluso para los más pobres;
• La habitabilidad, incluida la protección contra el frío, la humedad,  el viento, el calor, la lluvias;
• El acceso para los grupos más vulnerables, incluidas las personas ancianas, los niños, las personas con discapacidades físicas y las víctimas de catástrofes naturales;
• Un lugar adecuado (localización), seguro, alejado de fuentes de contaminación, próximo a servicios públicos, establecimientos escolares.

El Derecho a la Ciudad

Es  el acceso equitativo de todas y todos a la ciudad (en sus múltiples dimensiones y componentes^[1]); dentro de seis principios básicos (ver líneas abajo).

Promover y defender el derecho a la ciudad es un desafío a la segregación espacial, la pobreza, la precariedad, la discriminación y la vulnerabilidad frente a los desastres, que  afecta cotidianamente a más del 75% de la población urbana de América Latina. Las políticas y autoridades publicas ignoran la contribución de la población a la construcción de ciudad, no responden a sus necesidades, más bien bloquean,  limitan,  violan los derechos; por ejemplo, en los violentos  desalojos y desplazamientos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas de varios países de la región venimos manifestando desde hace al menos dos décadas nuestro compromiso colectivo no sólo con denunciar, sino de impulsar y contribuir sustantivamente a la construcción de nuevos paradigmas y prácticas sociales de producción de los asentamientos humanos, bajo los principios del derecho a la ciudad.

Esta iniciativa plural, abierta y colectiva de las organizaciones de la sociedad civil ha tomado la forma de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que se viene promoviendo y discutiendo en diferentes eventos e instancias y con distintos actores, contando incluso con el aval de la UNESCO y UN-Hábitat, entre otros. En la actualidad son cientos de entidades las que han adherido a la Carta Mundial. No se limita a una carta de derechos humanos en la ciudad sino que se concibe como un instrumento capaz de promover y garantizar el derecho de todos a la ciudad.  

El derecho a la Ciudad se sustenta en los siguientes principios:

1)  Ejercicio pleno de la ciudadanía: la ciudad como ámbito de realización de todos los derechos humanos;

2)  Función social de la ciudad, la tierra, y la propiedad urbana: equidad distributiva y usufructo pleno por parte de todos los habitantes de los recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, prevaleciendo el interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de los intereses especulativos;

3)  Gestión democrática de la ciudad: papel determinante de la participación ciudadana en la gestión urbana a través de formas directas y representativas;

4)  Planeación y producción democrática de la ciudad, tanto de espacios públicos como privados, mediante mecanismos de planeación participativa y producción social del hábitat;

5)  Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales y energéticos de la ciudad y su entorno;

6)  Disfrute democrático y equitativo de la ciudad: espacio abierto al intercambio, el encuentro, el ocio, la recreación y la creatividad colectiva.